Fuentes para el estudio de la Historia de Chile

Como hemos visto anteriormente, los pueblos de indios se remontan a los orígenes de la ocupación del suelo chileno en el siglo XVI. Un siglo después, habiéndosele disminuido sus tierras y extrañados a sus habitantes, se habían casi extinguido, no obstante las reiteradas disposiciones de la Corona para que los indios se volvieran a reducir y congregar(141). La política poblacional que diseñó la Corona a mediados del siglo XVIII contempló también esta necesidad, aunque los gobernadores se preocuparon preferentemente de las nuevas fundaciones de "españoles".

En la jurisdicción de La Ligua, sin embargo, y dentro del proyecto de fundación de esa ciudad, fructificó en 1756 el primero de tres pueblos de indios que habían de crearse a lo largo de todo el siglo para concentrar la población indígena. Quedó ubicado en los terrenos de la hacienda de Valle Hermoso y se constituyó con los indígenas adscritos a la encomienda de Juan Antonio Roco, propietario de esa hacienda.

El objetivo principal que perseguía la reunión de estos naturales era el de distribuirles las tierras suficientes para que, como comunidad, gozaran de la autonomía económica y de la independencia laboral que habían perdido con la encomienda, pues a pesar de estarles reconocido en la legislación atingente beneficios y disposiciones que evitaban los abusos y garantizaban esos bienes, en la práctica no se cumplían. Los naturales de Valle Hermoso por ejemplo, reclamaron, a través del Fiscal Protector de Indios, que el terreno que hipotéticamente les pertenecía en la hacienda de ese nombre -donde estaban encomendados- estaba ocupado por labores agrícolas de pequeños "arrendatarios" mestizo-blancos, quienes explotaban esas tierras por contratos de arrendamiento con el hacendado o bien por propia iniciativa(142).

Evidentemente estos últimos, con mejores medios y conocimientos técnicos, desplazaban a los indígenas de los terrenos más aptos para el cultivo y el pastoreo, terminando por replegarlos a los sectores marginales(143), por lo que se dispuso que, junto con formalizarse el pueblo, se les reasignasen las tierras necesarias. Componían el pueblo 71 personas en total: 12 matrimonios con hijos, un viudo, 3 viudas con hijos y 11 solteros. Recibieron una superficie de 58 cuadras de terrenos planos más otros terrenos de serranía incluyendo los destinados a pastizales comunes(144). Por otra parte, en la distribución del terreno para la habilitación del caserío se consultó la asignación de media cuadra (3.900) a cada familia o unidad familiar, conforme a la matrícula y al plano que se levantó para ello, ocupando 15 cuadras de la superficie asignada en propiedad a los indígenas. Este terreno se distribuyó siguiendo el criterio "urbanístico" tradicional del Imperio hispánico en América: una plaza central en torno a la cual se repartían las "cuadras" de 137 varas (115 metros), separadas por calles de 10 metros de ancho. Igualmente la autoridad local procedió a regularizar la organización político-administrativa de la aldea indígena ante la ausencia de una cabeza visible dentro de ésta, ya que su reducido número no le permitía siquiera tener un "cacique" o jefe. Se dispuso entonces que los mismos indios eligiesen por votación a uno de ellos para que, oficiando de alcalde al interior de la comunidad, creara también el nexo a través del cual la justicia hispana conociese de las causas internas y aplicara las penas o castigos subsiguientes.

Se constituyó así el primer pueblo de indios de la jurisdicción siguiendo estrictamente las normas que la Corona había previsto para ello. Los indígenas recuperaban parte de su patrimonio territorial y la autonomía necesaria para el funcionamiento independiente de su comunidad, aunque ello inserto en una estructura que les era ajena. Desde el cultivo y la comercialización de sus productos hasta la vida urbana y la justicia les era impuesto por el colono hispano-criollo. Muy pronto habría de demostrarse la inconsistencia del proyecto y la permeabilidad de estos grupos a los requerimientos del medio diferente que les rodeaba. Fue imposible evitar el contacto de estos naturales con los mestizos-blancos de las cercanías y los vicios en el usufructo y disposición de las tierras crecieron con la misma rapidez con que se acentuaron los contactos.

Cincuenta años después de su fundación el pueblo de Valle Hermoso se hallaba tan pobre que no podía afrontar siquiera el mínimo tributo que debía pagar a la Corona, y lo más sorprendente es que los informes del subdelegado encargado de su cuidado, y los del cura doctrinero, señalaban con insistencia la falta de terrenos cultivables. La mayor parte de sus tierras estaban arrendadas a particulares cuando no ocupadas por pequeños agricultores vecinos y las poblaciones indígenas, "se mudan cuando se les antoja a trabajar por los minerales"(145), que representaban un mejor atractivo para esa mano de obra.

Otro pueblo que se constituyó en la jurisdicción de La Ligua fue el del Ingenio, en 1789, como resultado de la disolución definitiva del régimen de encomiendas(146), con los indígenas que los encomenderos de esa hacienda habían trasladado desde Codegua en el centro del país. De acuerdo a las disposiciones relativas a los pueblos de indios, éstos debían ser reintegrados a sus lugares de origen y el encomendero del Ingenio en principio no opuso reparo a ello. Sin embargo, la reducción terminó haciéndose en la misma hacienda liguana, lo que permitió que la vinculación de éstos con el hacendado no se rompiera y que en consecuencia tampoco se produjera un estado de falsa autonomía.

Los antiguos indios encomendados del Ingenio alcanzaron su desvinculación de la encomienda al interior mismo de la hacienda, pasando a ser asalariados o "jornaleros", aunque por supuesto sujetos a los mecanismos laborales de ella(147). Componían esta reducción 44 familias (entre las cuales había 13 viudas con hijos) y 15 solteros, que hacían una población total de 246 personas(148).

Al ponerse fin a las encomiendas había todavía un tercer núcleo indígena en la jurisdicción de La Ligua, ubicado en la hacienda de Pullally(149). Éste también debió ser reducido a pueblo.

Pullally era una de las encomiendas más importantes del Reino y se había formado con la reunión de indígenas de diverso origen: Curimón, Apalta, Llopei, La Ligua, etc., por lo que tampoco fue posible en este caso devolver los naturales a sus primitivos territorios, máxime que ellos eran usufructuados desde hacía largos años por otros propietarios(150). La matrícula de sus componentes dio un total de 451 personas, comprendidas en 142 familias.

Estos indígenas terminaron siendo ubicados en los terrenos que donó el mismo hacendado de Pullally en las cercanías de su predio principal. El sitio exacto, denominado Varas, incluía 120 cuadras de regadío y 200 de secano. Pero a pesar de corresponder casi dos cuadras a cada familia no fueron aceptadas por los indígenas, amparados en las disposiciones gubernamentales que ordenaban entregar 10 cuadras al "cacique" y 5 1/4 a cada familia.

El hacendado aumentó entonces su donación con parte de los terrenos de la antigua hacienda de Valle Hermoso que había adquirido en 1775(151), terrenos que quedaban vecinos a los anteriores. Esto permitió que la comunidad indígena pasara también a ser propietaria de un molino de pan, para cuyo funcionamiento se tomaron providencias especiales en resguardo de los intereses comunitarios, nombrándose al cacique como su administrador: "porque si se dejaba solamente adjudicado en general a pocos días vendría en total ruina y decadencia de suerte que a ninguno le fuese útil"(152) y garantizando su uso gratuito a los indígenas.

Las tierras concedidas al pueblo de Pullally o de "Varas" eran lo suficientemente buenas y extensas como para hacer de ésta una comunidad rica(153). De acuerdo con sus conocimientos agrícolas, a los indígenas sólo les interesaban los terrenos de cultivo donde obtener las legumbres básicas de su subsistencia y no tenían los capitales suficientes para una ganadería intensiva.

Así pues, se hizo propietarios a los indios, pero muy pronto se vio que no estaban en condiciones ni siquiera de cultivar totalmente los terrenos aptos para ello. No tenían conocimientos, animales, instrumentos ni semillas. Tampoco pudieron aprovecharlos en la ganadería a pesar de que en uno sólo de estos pueblos "pudieron los indios criar más de tres mil vacas"(154). No fue raro entonces que inmediatamente después de constituidos, sus tierras "sobrantes" fueran usufructuadas por agricultores mestizo-blancos de las vecindades que las tomaron en arriendo.

Así se creó uno de los conductos principales que hizo posible la generalización del contacto con los otros grupos, impidiendo el aislamiento de las comunidades que erróneamente había querido fomentar el gobierno central. "Los propios indios daban entrada al pueblo a individuos extraños, españoles, mestizos, mulatos, zambos, negros, que vivían en las tierras en calidad de arrendatarios"(155). Por lo demás, estos arriendos permitieron al Gobierno obtener los recursos para cobrar los tributos que las comunidades indígenas debían pagar a la Corona y que permanentemente no eran cancelados.

Los arrendatarios, seleccionados mediante remate, garantizaban hasta nueve años una renta anual de $ 101 en las tierras sobrantes de Valle Hermoso y de Pullally. Este procedimiento se extendió luego -con el aumento del interés por las tierras en la región- a los terrenos de secano, e incluso, a las que fueron asignadas para cultivos o disfrutes comerciales pero que la escasez de medios impidió a los indígenas usufructuar(156).

En estos tratos de arrendamiento tomaba especial importancia la decisión del cacique o jefe de la comunidad, lo que llevó en más de una oportunidad a generar disputas por su nominación, debiendo intervenir la autoridad competente de la administración española para decidir(157).

Los pueblos habían conocido un desarrollo negativo desde su fundación y la nominación de sus autoridades era uno de los vicios más acentuados, no sólo porque podía formalizar los arrendamientos disponiendo a su arbitrio de los fondos, sino también porque podían vender las maderas y leñas de los bosques comunes, autorizar el establecimiento de personas ajenas a la comunidad, repartir las posesiones y bienes entre los pobladores y hasta vender parte de éstos con la autorización de los demás. De esta forma el ejercicio del poder local ayudó a la disolución de la comunidad.

Las autoridades republicanas provinciales viendo las dificultades de estas propiedades comunes, propusieron al Gobierno la distribución de los terrenos comunes a las familias que aún subsistían al interior de los pueblos y una administración más objetiva, que permitiese financiar incluso obras de bien comunitario tales como escuelas, hospitales, etc.(158).

En 1795 habían en la jurisdicción de La Ligua tres pueblos de indios: Valle Hermoso, fundado en 1756, Varas o Pullally y el Ingenio, ambos fundados en 1790. De acuerdo a un informe elaborado ese mismo año se componían de la siguiente manera:

Cuadro N° 5
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD DE LA POBLACIÓN DE TRES "PUEBLOS DE INDIOS" DE LA JURISDICCIÓN DE LA LIGUA. 1790(159).

Las cifras anteriores, por la proximidad a la fundación de estos pueblos, reflejarían en forma bastante aproximada a los grupos que los componían. Este mismo informe señala el número de indios "ausentes", o sea, matriculados al momento de la organización de los pueblos pero que ya los habían abandonado cinco años después: sólo eran 9.

Uno de los grupos más importantes del cuadro anterior nos permite apreciar mejor el proceso de desintegración que conocieron los pueblos a poco de crearse(160). Según las cuentas de tributos cobrados en éstos entre 1795 y 1804, la población indígena de 18/49 años de edad experimentó las siguientes variaciones:

Cuadro N° 6
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 18-49 AÑOS EN TRES PUEBLOS DE INDIOS ENTRE 1795 Y 1804(161).

Pueblo	Años
Pueblo	1795	96	97	98	99	1800	801	802	803	804
Valle Hermoso	14	8	8	8	-	-	-	-	-	-
Ingenio	42	37	32	-	35	-	28	36	37	-
Pullally	57	11	11	11	-	-	-	-	-	-
Total	113	56	51	19	35	-	28	36	37	-

Parte importante de la disminución del número de tributarios que demuestran las cifras anteriores se explica por la negligencia de los encargados de cobrar los tributos, pero también testimonian un hecho incuestionable: el abandono de los pueblos por parte de los indios afectos a él, como resultado de los contactos que se produjeron entre estos poblados y el resto de la sociedad en la que se insertaron.

El Estado comprendió pronto que no podía contar con estos tributos y terminó por acoger las peticiones de los mismos indígenas para eximirlos de su cumplimiento mediante un decreto expedido el 17 de mayo de 1809(162). Así pues, el proyecto colonial de los pueblos de indios fracasó muy pronto en los dos objetivos fundamentales que se propuso: el otorgamiento de nuevas tierras a los indios, que no los hizo propietarios, pasando éstas finalmente a manos de los hacendados vecinos, y la autonomía e independencia étnicocultural, que se enfrentó a un proce)o de mestizaje rural incontenible(163).