La conducta del Presidente de la República con la comisión enviada por los católicos de Valparaíso para exigir el reconocimiento de un perfecto derecho, nos obliga a formular una enérgica protesta en nombre de la cortesía, de las conveniencias políticas y de los fueros populares.

La comisión que con las firmas de veintitantos mil católicos de Valparaíso representaba a cuantos en esa vigorosa población tuvieron ocasión de expresar sus ideas, tenia sobrados títulos a las consideraciones y hasta al respeto de nuestro primer mandatario, y sin embargo su presencia en la sala del despacho presidencial fue motivo de tristes sarcasmos y de desconocimientos que sólo se explican por la tendencia autoritaria de avasallar el espíritu público.

Ese ultraje a la opinión, cuando ésta se manifestaba en términos respetuosos, es un síntoma revelador de la suerte que la administración depara a las peticiones del pueblo.

Y ese ultraje, en mala hora dirigido a los católicos de Valparaíso, es un reto a la nación entera, que está de pie en defensa de la fe y de la libertad amenazada.

Nosotros, que por un encargo popular obramos en interés de los católicos de Santiago y que hemos asumido la alta responsabilidad de gestionar en favor de sus derechos religiosos en el orden político, no podríamos guardar silencio ante excesos de arbitrariedad que desnaturalizan por completo nuestro régimen constitucional.

Esos excesos, encaminados a desquiciar la acción de las agrupaciones que hoy trabajan por contrarrestar las tendencias autoritarias y que ahondan la cima que ya tiene separados al pueblo del Gobierno, han de redoblar nuestra energía.

La paz y la concordia, que debían ser los frutos del heroísmo y de la abnegación con que los chilenos supieron engrandecer a su país en los campos de batalla, se han trocado --por la obra del Gobierno-- en luchas dolorosas y en ultrajes sin nombre.

En pos de aquella temeraria orden del día, que trata de colocar a los soldados de la nación en la categoría de nuevos instrumentos del poder, aun para hacerles cómplices de las más flagrantes violaciones de nuestra Carta Fundamental, ha venido el rechazo al derecho de representación popular.

¡El ejército debería ser una agrupación de individuos sin religión, sin alma y hasta sin ley!

¡El pueblo, una multitud anónima, que nada puede ante el Presidente de la República!

¿Es siquiera aceptable una situación tan violenta y tan peligrosa, en presencia de la noble y tranquila actitud del catolicismo chileno?

Si el Presidente de la República pretende cerrar las válvulas de la opinión para llegar a la destrucción de la creencia religiosa y si tanto se esfuerza en hacer desaparecer los obstáculos que lo detienen un tanto, en la prosecución de ese plan --fuerza es que todos los chilenos que conservan íntegra la santa fe de sus mayores y que son capaces de comprender la extensión de sus derechos-- protesten con nosotros del inaudito desaire que el Presidente hizo, el día 25 del corriente, a los católicos de Valparaíso, en las personas que los representaban.

Santiago, 27 de Agosto de 1883.

Miguel Barros Morán, Matías Ovalle, Miguel Cruchaga, Ladislao Larraín, José Tocornal, José Antonio Lira, Eduardo Edwards, Bonifacio Correa, Macario Ossa, Carlos Irarrázaval, José Clemente Fabres, Cosme Campillo, Evaristo del Campo, Enrique De-Putrón, Enrique de la Cuadra, Carlos Walker Martínez, Antonio Subercaseaux, Ramón Ricardo Rozas.

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