MANIFIESTO.
La Junta Directiva Elegida en la Grande Asamblea del 8 de Julio de 1883 a sus Correligionarios.

Santiago, Julio 12 de 1883.

Si hasta aquí alguna disculpa tuvieron los hombres de fe y de patriotismo para no tomar una parte directa y activa en los negocios públicos, desde hoy en adelante, dadas las circunstancias que atravesamos, mantenerse alejado del movimiento que se inicia puede justamente calificarse no sólo como un error social y político de fatales consecuencias, sino como un verdadero delito de apostasía contra la conciencia y la patria. Y esto, porque empieza la hora de las persecuciones religiosas de parte del poder y la acción enérgica para resistirla de parte de los católicos chilenos.

El gobierno de don Domingo Santa María pudo en los primeros momentos engañar sobre el alcance de sus malos propósitos, manteniéndose en cierta reserva con los unos y alimentando a los otros con falsas palabras que inspiraban si no seguridad, confianza a lo menos, de que los intereses religiosos serían siquiera respetados.

Pero, si la situación crepuscular e indecisa pudo mantenerse de esta suerte al principio, no pasó mucho tiempo sin que se hiciese plena luz sobre las ideas del Gobierno. Sea por debilidad de carácter, sea por torcidos móviles políticos, sea, en fin, por que la gangrena de la impiedad tenia echada hondas raíces en el corazón mismo de los hombres del poder, el hecho es que a los primeros pasos ya la administración del actual Presidente de la República hizo pública ostentación de su odio a Dios y a la Iglesia. Abrió este fatal camino la cuestión del Arzobispado, en que no se sabe qué admirar más, si el empeño de ser un sacerdote católico el candidato de los descreídos para ocupar el alto asiento de príncipe de la Iglesia, o el empeño de los descreídos para arrogarse el derecho de elegir ellos al pastor de un rebaño a que no pertenecían. La actitud del Gobierno fue la que todo el mundo conoce: de hipocresía al principio, de intriga más tarde, de calumnias y amenazas después; y por último, de actos de vergonzosa precipitación y de inicua perfidia. Se empezó por alojar al Delegado Apostólico en una especie de cárcel dorada y se acabó por insultarlo groseramente y expulsarlo del territorio chileno, sin parar mientes ni en sus fueros de Ministro Diplomático, ni en su sagrado carácter de Representante del Padre común de los cristianos, ni en los fueros garantidos por la Constitución que nos rige.

¿Qué extraño entonces que para hacer más lujo todavía de arbitrariedad tomase a pechos el mismo Gobierno el afán de ultrajar al Episcopado chileno con hechos de violencia personal, como los que presenció con general escándalo la provincia de Coquimbo en la persona del muy distinguido Obispo señor don José Manuel Orrego?

Tomaba creces el odio anti cristiano a medida que los abusos iban quedando impunes; y bien comprendió el Gobierno que así las cosas podía ir adelante; y siguió en efecto hundiéndose cada vez más en el abismo que a sus pies tenia abierto. Léase el Mensaje presidencial del último 1º de Junio, y allí se verá lo que nunca hasta aquí se había visto en Chile y lo que apenas puede comprenderse en una tierra donde todos los ciudadanos son católicos y donde la Constitución y las leyes garantizan el respeto de la religión católica, ¡una declaración de guerra a muerte al catolicismo! Los hechos desgraciadamente han correspondido a las amenazas del Mensaje; y hoy día el país se encuentra a las puertas de una de las situaciones más fatales y tristes por que puede atravesar una nación: la guerra religiosa.

Con la aprobación en el Congreso de la ley de cementerios se habrá autorizado el despotismo más absurdo de que hay ejemplo en la negación de la más sagrada de las libertades, del más sagrado de los derechos. Se niega entre nosotros a los católicos lo que no se niega a ninguna religión y secta en ningún pueblo de la tierra. Los disidentes podrán tener cementerios propios; pero los únicos que no podrán tenerlos serán los católicos. Del derecho que van a gozar veinte o treinta mil extranjeros que hay en Chile se van a ver privados dos millones de chilenos.

Arranque de odio mezquino nacido del rechazo de la candidatura del Arzobispo oficial, es la nueva ley sobre matrimonio civil que se prepara una vez que se haya concluido con el proyecto relativo a los cementerios. No puede concebirse mayor despropósito, desde que es completamente innecesario: 1º, porque el caso de los matrimonios de disidentes está previsto en las leyes existentes y no ofrece en la práctica dificultad alguna; y 2°, porque aquí todo el mundo se casa conforme a los preceptos canónicos y de acuerdo con el rito católico. Pero, si esa odiosa ley no va a traer ventajas ningunas, si va, a ocasionar un desembolso para el Estado de medio millón de pesos, si va a imponer nuevas contribuciones a los ciudadanos, si va a producir graves dificultades a la clase pobre de nuestra sociedad, obligándola a ir de oficina en oficina para unirse con el santo lazo del matrimonio, en cambio va a aparecer como una herida abierta al sentimiento religioso de la República, y esto es lo que basta a la satisfacción de nuestro Gobierno, que no viene persiguiendo otra cosa desde que puso todo su poder al servicio de la impiedad que sobre sus hombros se levanta orgullosa y triunfante.

Como por desgracia es demasiado inclinada la pendiente que lleva a las persecuciones religiosas, el mal que empieza seguirá creciendo; y creciendo en términos cada vez más terribles más profundamente sombríos. En pos de la ley de cementerios, del matrimonio civil y de las amenazas sobre supresión del presupuesto del culto, que ya se dejan oír, vendrán los despojos de, los monasterios, las leyes reglamentarias del culto y los infinitos crímenes que en estos se han cometido por todos los gobiernos de la tierra que han empezado como el que a nosotros nos rige. Tendremos necesariamente que ver cerrados nuestros templos, vilipendiados nuestros altares y expulsados nuestros pastores espirituales, porque esta es la lógica que la tiranía ha desarrollado en todos los pueblos y en todos los tiempos: en Francia, donde se quitan las cruces de las escuelas; en Colombia y Méjico, donde se fusiló al pueblo para saquear las iglesias; en Centro América, donde se dejaron morir sin asistencia a los enfermos de los hospitales para arrancar de ellos a las hermanas de la caridad. ¡Asesinaba la impiedad a García Moreno y al Arzobispo Checa, y levantaba estatuas a Guzmán Blanco y hacia un héroe de Veintemilla!

Tal el extremo a que tendremos que llegar, mal que nos pese, si desde luego no nos empeñamos con toda energía en poner atajo al torrente que se desborda.

Puede tal vez parecer a algunos, porque miran con anticipación y de lejos todavía los acontecimientos, que cargamos el cuadro de colores excesivamente sombríos; pero con el ejemplo de lo que ha sucedido en todas partes, en   idénticas circunstancias a las nuestras, debemos persuadirnos de que lo que la historia nos atestigua en todo el mundo, no tendría por cierto como única excepción la de Chile.

De estos antecedentes surgió en Santiago la idea de convocar al pueblo a un meeting con el doble objeto de protestar contra los actos del Gobierno y de arbitrar los medios más convenientes para cerrarle el paso en el triste camino en que se arrastra.

El llamamiento hecho de esta suerte a nuestros conciudadanos no fue desatendido; y la asamblea popular, reunida en número inmenso, aceptó con vivísimo entusiasmo las conclusiones allí acordadas en armonía con el doble objeto de la convocación, impregnadas en sentimientos generosos de libertad, de fe y de patriotismo.

De acuerdo con ellas y en cumplimiento de ellas, los infrascritos pedimos a nuestros amigos de las provincias su adhesión a la manifestación hecha en Santiago para protestar con un solo y noble grito de indignación contra la conducta del Gobierno, desde el extremo sur al norte de la República.

¡Dios tomará en cuenta esa adhesión compacta, religiosa y enérgica para evitar a nuestro querido Chile los infortunios que le preparan sus imprudentes gobernantes!

Miguel Barros Morán, Matías Ovalle, Antonio Subercaseaux, Evaristo del Campo. Carlos Walker Martínez, Miguel Cruchaga, José Clemente Fabres, Cosme Campillo, Ramón Ricardo Rozas, Carlos Irarrázaval, Enrique De-Putrón, José Tocornal, Ladislao Larraín, Bonifacio Correa, Enrique de la Cuadra, Macario Ossa, José Antonio Lira, Eduardo Edwards.

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