Santiago y Septiembre 7 de 1813.

Si la arbitrariedad compañera inseparable de la injusticia ha sido el distintivo de los antiguos opresores de esta preciosa parte del Nuevo Mundo, el Gobierno elegido por el pueblo soberano de Chile, regla únicamente sus operaciones por los seguros principios de la religión, de la ley, y de la equidad. Se resiente su paternal amor de que la seguridad del Estado (objeto preferente de sus desvelos) haya servido de pretexto para confundir a los inocentes con los culpados, transformando algunas veces en las provincial distantes de la capital la negra codicia, y depravación de falsos delatores entregados a sus viles pasiones a no pocos pacíficos y virtuosos ciudadanos en enemigos peligrosos de la patria, y haciéndoles sufrir la privación de los sagrados derechos del hombre. Para remediar los males causados, y precaver enteramente en adelante otros de igual clase, ordena el Gobierno a los jefes políticos y militares del territorio chileno no trasladen a esta capital a ningún ciudadano como a reo de lesa nación o sospechoso sin la sumaria justificativa del delito, observando escrupulosamente en sus procedimientos el reglamento constitucional sancionado por el pueblo: en el caso extraordinario e imprevisto de ser indispensable para la salud del Estado arrestar y mandar a alguno antes de formar la sumaria, la organizaran y remitirán sin excusa dentro del tercer día.

Y respecto a que actualmente se hallan presos muchos remitidos de las provincias del Sur sin documentos calificados sobre que recaiga una determinación, arreglada; el juez de alta policía acompañado de su Asesor pasara inmediatamente a examinarlos con la escrupulosidad debida, y dará cuenta con informe circunstanciado en que se clasifiquen los verdaderos delincuentes, los sospechosos, y aquellos contra quienes nada resulte para su ultima resolución: imprimiéndose. En el Monitor, a fin de que se tenga por bastante circulado. - Infante - Eyzaguirre - Egaña, Secretario.